Coste del apoyo vasco

El PNV, representante de una minoría que habla en nombre de la totalidad, escenificará rechazos, llorará su marginación política pero negociará un trozo de poder: blindaje del “cupo”, asunción de ciertas competencias, fusión de las cajas de ahorro vascas, participación en la gestión del Puerto de Bilbao, financiación del AVE a Vitoria, Bilbao y San Sebastián (la famosa Y), garantía de que Iberdrola continuara teniendo el domicilio fiscal en Bilbao con la empresa EDF francesa en liza y otras “minucias”.

Siguen disfrutando de un privilegio concedido en tiempos de Cánovas mediante un Real Decreto de 1878, conocido como concierto económico, por el que se establecía el régimen de tributación para las tres provincias vascas. Este instrumento fiscal convierte a cada Diputación Foral en pequeños Estados en materia fiscal. Recaudan y/o comparten los tributos estatales de acuerdo con unas reglas establecidas y le entregan una parte (el llamado "cupo") en compensación por las competencias que aún permanecen en el Estado. Esta aportación se calcula aplicando el llamado "índice de imputación" o porcentaje que alcanza la renta relativa o participación de cada una de estas Comunidades en la riqueza nacional (6,24% el País Vasco, 1,6% Navarra).

E>n el caso vasco, el cálculo actual se concreta en la Ley 29/2007 que expone de forma clara los privilegios de los que gozan. En ella no se tiene en cuenta el total de los Presupuestos Generales del Estado (324.963 me. (millones de euros)) sino una parte, los de la Administración General del Estado (188.417 me.), de los que se restan las cargas asumidas por la Comunidad Autónoma . Sobre el resto (85.753 me.) se calcula el cupo teórico de 5.351 me. (6,24%). La cosa no queda ahí, pues hay multitud de ajustes y compensaciones (tributos no concertados, ingresos no tributarios, déficit público previsto) que minoran dicha cantidad hasta dejarla en 1.565 me.

No es de extrañar que las Comunidades Autónomas de la Rioja y de Castilla y León tengan frecuentes contenciosos con el País Vasco por las localizaciones industriales. Uno de los cuales está actualmente en el Tribunal de la Unión Europea por aplicar tipos impositivos más bajos en el Impuesto de sociedades, interpretados como una subvención encubierta contraria a las normas de competencia de la Unión Europea.

Influencia menor

Los componentes del nuevo Gobierno han sido presentados por su jefe como personas capaces de resolver los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española. Ha glosado sus trayectorias y, en varios casos, el sexo de cada uno de ellos; y explicado las funciones que van a realizar para conseguir los objetivos de su programa electoral.

Zapatero, con su aureola de utópico “buenismo”, no repara en que una parte importante de las competencias del Gobierno nacional, que nos llegan a través de programas y directivas, han sido trasferidas, por arriba, a la Unión Europea; y, por abajo, a las Comunidades Autónomas, que las ejercen a través de leyes, reglamentos o actos propios. La gestión de competencias tales como la política monetaria, el comercio y la industria; la sanidad, la educación, la cultura y la vivienda; las infraestructuras, la agricultura y los servicios sociales, no dependen exclusivamente de él.

Resulta muy entretenido ver, como estampas de otra época, a los nuevos ministros jurar o prometer sus cargos, pero, ¿hasta dónde llegará la influencia de su gestión? ¿Qué impacto tendrán sus decisiones en la sociedad? ¿Con qué medios van a realizar las gestas prometidas?

En realidad, la mayor parte de los gastos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, por valor de 349.415 millones de euros, cantidad considerable para influir en la marcha de la economía nacional (un 35% del PIB previsto para este año), no es susceptible de cambios. Los grandes apartados, es decir, el mantenimiento de las instituciones y servicios públicos básicos del Estado (6,3%), las pensiones públicas (31,3%), las transferencias a otras Administraciones Públicas (18,8%) y los créditos destinados a pagar los intereses y el capital de la deuda pública en circulación (14,6%), apenas pueden variar . El peso de la acción gubernamental se va reduciendo, y sólo conserva la gestión de los impuestos no cedidos.

Así que el nuevo Gobierno únicamente tendrá la capacidad de maniobra que le otorga el 29% de los gastos, un poco más de 100.000 millones de euros, bastante menos que el total de gastos presupuestados por las CCAA para este mismo año, 173.593 millones de euros