Superávit presupuestario

Durante la agresiva y zafia campaña electoral nos repitieron una y otra vez las bondades del “superávit presupuestario” como resultado de una buena gestión pública; el atributo de la eficiencia económica, el trofeo a la eficacia política. Un mero saldo contable entre los ingresos y los gastos presupuestarios ejerce gran fascinación en la gente y euforia en los dirigentes políticos.

Toda la clase política lanzó maravillosas propuestas para su utilización. Unos querían amortizar parte de la Deuda Pública, otros deseaban consolidar el sistema de pensiones y los hubo que preferían dedicarlo a bajar los impuestos y las cuotas sociales; pero pocos se detuvieron a reflexionar sobre cuántos ingresos tributarios se han necesitado para mantenerlo o qué agentes públicos han sido los verdaderos protagonistas de dicho superávit.

En los tiempos de crisis económica que se avecinan ensalzar este saldo positivo no es precisamente la actuación más recomendable y en los Presupuestos de 2008 deberían haber previsto este escenario económico desfavorable.

En la quimera electoral poco importaron las recomendaciones clásicas de la política económica y fiscal que aconsejaban inversiones productivas y reducciones de cargos públicos, de parte de los tres millones de funcionarios de los tres niveles de Administración Pública (AA. PP.: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), de los oropeles de los diecisiete gobiernos regionales y de las subvenciones de multitud de instituciones sin/con fines lucrativos.

Resulta más rentable, con esa óptica electoralista, ofrecer rebajas fiscales, descuentos y promociones sin fin, que presentar planes de cómo se financiarán estos "regalos" o qué servicio público sería necesario recortar para hacerlos realidad.

En determinadas coyunturas económicas, y la que se avecina es una de ellas, resulta más pernicioso que se produzca un superávit en los Presupuestos del Estado (signo de una recaudación excesiva o de un gasto insuficiente) que un moderado déficit, capaz de de impulsar reactivaciones de la economía en sectores más sensibles a la depresión del mercado. Un Gobierno que presume obtener un superávit en las cuentas públicas confiesa ser un mal gestor.

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DENOs

A primera vista esta palabra parece el nombre por el que se conoce a los habitantes de un planeta recientemente descubierto, el protagonista de una novela de Isaac Asimov o uno de tantos neologismos. Pero en realidad es un acrónimo que utiliza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para denominar a los parados que buscan trabajo, inscritos en sus oficinas. Estas personas son los “denos” (demandantes de empleo no ocupados).

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el clásico Instituto Nacional de Empleo (INEM), ha publicado que en el mes de marzo había más de 3,3 millones de personas que demandaban empleo, una cifra considerable dentro de  los 22,4 millones de nuestra población activa y desmenuza esta cifra (ver cuadro adjunto) en: personas ocupadas que buscan cambiar de trabajo, personas sin empleo que desean trabajar e indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo (por ejemplo: sólo a domicilio, teletrabajo, en el extranjero, etc.) y demandantes de empleo no ocupados (“denos”).

Con esta clasificación de situaciones, adornada con maquillaje conceptual, tapan a unos cuantos parados reales, pero, aun así, hablar de 2,5 millones de “denos” como parados registrados no es políticamente correcto, así que matizan este concepto para limitar su impacto mediante otro nuevo “otros no ocupados” en el que incluyen a 246.096 personas. De esta forma el paro registrado queda reducido a 2,3 millones de personas y así pueden presumir que ha bajado respecto de febrero  en 14.356 parados menos, cuando en realidad ha subido (ver cuadro adjunto).

Evolución Demanda de empleo y paro registrado (SPEE-INEM)

Estos “denos”, los “otros no ocupados”, son parados que reciben cursillos obligatorios o escogidos de forma voluntaria, trabajadores eventuales agrarios que reciben el PER u otro subsidio, trabajadores a tiempo parcial o de jornada reducida, cuidadores informales de personas dependientes, trabajadores esporádicos en casa o parados que han rechazado una inserción laboral. Andalucía aporta a este grupo el 71% y Extremadura el 10%. Según su sexo, el 70% de este grupo está compuesto por mujeres y de acuerdo con la clasificación por sectores económicos, la mitad de ellos están en la agricultura.

Los gestores de esta política comunicativa  no tendrían precio si utilizasen su ingenio para crear empleos con tanta facilidad como tipologías de desocupados.