Financiación local

El día diez de junio, el Senado aprobó una moción del grupo socialista con la intención de que el Gobierno impulse una reforma de los servicios públicos locales que, dirigida a profundizar en la consecución de una financiación suficiente de tales servicios públicos, sirva de base para la aprobación de una nueva ley de financiación. La iniciativa viene precedida por la presentación del libro “La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro”, efectuada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la cual se reclamó más atención y trato equitativo para las Entidades Locales.

Senado español (foto de iesluisvelez)

Un 37,2 % de los ingresos no financieros (INF) están ligados a la construcción. En ese porcentaje se incluyen figuras tributarias tan relevantes como los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre el incremento del valor de los terrenos y sobre las construcciones, instalaciones y obras; además de contribuciones especiales, licencias urbanísticas, cuotas de urbanización, aprovechamientos urbanísticos y enajenación de terrenos. Y un 37,4% de esos INF están ligados a los ingresos de otras administraciones, como la cesión de ciertos tributos estatales (sólo a las grandes ciudades) (1,7%) y a las transferencias del Estado (el 20,5%), de la Comunidad Autónoma (10,2%) y de la Diputación Provincial (5%) según la Liquidación de los Presupuestos de 2005 de las Entidades Locales de España.

Los municipios se quejan de que prestan servicios cuyas competencias pertenecen sobre todo a las Comunidades Autónomas, sin que ellas aporten financiación suficiente. La FEMP ha evaluado el coste de esos servicios en 7.000 millones de euros. Los Gobiernos Autonómicos, en especial los dirigidos por nacionalistas, están de acuerdo con esta propuesta, pero quieren que sea el Estado el que pague los costes. En definitiva, los municipios no quieren perderse el reparto del pastel tributario estatal, ni negociar con cada Comunidad Autónoma de forma bilateral sino con todas a la vez y a ser posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera; quieren recibir las cuantías de los servicios que prestan por el hecho de ser la administración más cercana al ciudadano, tener mayor poder fiscal no sólo sobre los inmuebles sino sobre la renta y el consumo y saber qué competencias deben asumir en el caótico entramado administrativo actual (estatal, autonómico y local).

Crisis, ¿qué crisis?

Los principales indicadores de la economía (el crecimiento del PIB trimestral, el nivel de precios, el índice de confianza de los consumidores, la recaudación de los principales tributos estatales y locales, el número de demandantes de empleo no ocupados (parados), las necesidades de financiación exterior, el precio de las materias primas, sobre todo el petróleo y dentro de muy poco el gas natural) muestran que las cosas no van tan bien como nos habían predicado.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE-INEM) acaba de publicar el paro registrado en junio de 2008. Según dicho Servicio hay 2.664.375 demandantes de empleo no ocupados, cerca del 12% de la población activa (22.572.500 en la Encuesta de Población Activa del 1º trimestre de 2008). El número de parados sigue creciendo (*).

Muchos economistas y escritores de este diario, a través de sus análisis sectoriales, han venido advirtiendo de la profundidad de la crisis. Pero sus reflexiones o caen en saco roto o son tachadas de catastrofistas y fruto de mentes lunáticas. Pero la realidad está siendo más contundente que sus conclusiones y las autoridades con competencia en la materia (Gobierno estatal, Banco de España, Gobiernos autonómicos) se han limitado a descalificar a los que preveían el batacazo y a rectificar cada poco tiempo sus descabelladas previsiones. Lo más grave del asunto es que ellas y sus técnicos conocían la magnitud del problema manteniéndola oculta a los ciudadanos para no intimidarlos en plena campaña electoral.

Las explicaciones dadas la semana pasada en el Congreso de los Diputados se limitaron a echar a otros la culpa de los males de nuestra economía, a repetir las recetas social- demócratas que están aplicando (como si fueran de ideología progresista), y a recordarnos que existen “mentiras, grandes mentiras y estadísticas” (Benjamín Disraeli).

Las recetas dadas por estas “Autoridades” son meros parches con escasos efectos temporales (como los 400 euros), operaciones cosméticas de dudosa calificación (como la congelación de los sueldos de los altos cargos estatales o la reducción de consejerías en la Comunidad de Madrid). Todas ellas tienen el mismo efecto que un cóctel de  aspirinas y “Nolotil” en la curación de un cáncer.

(*) el Paro Registrado no tiene en cuenta otros demandantes no ocupados (273.951)
(Gráfico del Servicio Público de Empleo Estatal, anterior INEM)